En 2009 el Ministerio del Interior actualizó el mapa de las zonas de seguridad en las fronteras y liberó a 89 ciudades y localidades de 14 provincias. Así se facilitó la compra por parte de foráneos.
En Neuquén se desafectaron 10 departamentos de las zonas de seguridad. Neuquén > “El 20 por ciento de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera”, afirmó Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, y autora del libro “Las guerras del agua: Un recurso escaso en peligro”.
Agregó que la cifra es estimativa ya que es imposible acceder a la información que posee la Secretaría de Seguridad Interior de Nación, que tiene pendiente la tarea de armar una base de datos para conocer los titulares de los dominios de los inmuebles ubicados en las zonas de seguridad.
“En el 2005 esta Secretaría, que es la que da la conformidad para la compra por extranjeros de tierras en la llamada zona de seguridad, reconoció que no contaban con información real de la cantidad de tierras que estaba en manos de extranjeros y quiénes eran sus propietarios”, explicó Bruzzone.
En marzo de 2009, a través de la resolución 166, el Ministerio del Interior actualizó el mapa de las zonas de seguridad en las fronteras y liberó a 89 ciudades y localidades de 14 provincias que quedaron desafectadas del régimen de previa conformidad, requisito que se le exige a los extranjeros que quieren acceder a tierras fronterizas.
La zona de seguridad
Las zonas de seguridad, definidas por el Decreto Ley Nº 15.385 de 1944, se extienden a 150 kilómetros desde la frontera terrestre y 50 desde la costa, como máximo. Resolución que parece una extensión de lo dispuesto en la década del ''90 por el gobierno de Carlos Menem en la cual se profundizó el crecimiento de la extranjerización de propiedades en zonas estratégicas.
Una investigación realizada por la periodista María Seoane indicaba que entre 1997 y 1998 se autorizó la compra de 8 millones de hectáreas a extranjeros en zonas fronterizas.
Bruzzone se mostró pesimista en cuanto a las consecuencias que podría generar la falta de medidas protectoras. “Esto coloca al país al borde de la desintegración territorial, de la desaparición como Estado, como Nación y diría como pueblo”, afirmó.
“Pese a la existencia de numerosos proyectos de ley en la Cámara de Diputados que pretenden -sin prohibir- acotar la accesibilidad de extranjeros a grandes extensiones de tierras, disponiendo límites y restricciones a la compra de las mismas por extranjeros, no ha habido tratamiento de dichos proyectos en una clara demostración de que el modelo que defiende es similar y continuador del iniciado por el menemismo”, explicó Susana García, diputada de la Coalición Cívica y autora de un proyecto de ley que prohíbe la adquisición de inmuebles rurales localizados en zonas de seguridad por parte de extranjeros.
Argumentó que las tierras ubicadas en las zonas de seguridad “ameritan una protección mayor y, en concordancia con las legislaciones de otros países, prohibir la compra de tierras por parte de extranjeros sería lo adecuado ya que, de continuar el proceso de extranjerización de nuestras fronteras, implica abandonar objetivos estratégicos vinculados a la soberanía, la preservación de recursos naturales no renovables y el desarrollo nacional, así como nuestra identidad y cultura”.
Esta situación también se refleja en Neuquén reavivando el debate acerca de la falta de normativas protectoras que restrinjan la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Juan José Dutto, expresó su preocupación “no sólo por la seguridad de las fronteras por una cuestión de la defensa del país sino también por la protección de los recursos naturales. La resolución 166 flexibiliza las condiciones de compra de tierras a extranjeros a través de simples requisitos de fácil cumplimiento para muchos”.
Precisó que en la provincia de Neuquén se desafectaron diez departamentos: Aluminé, Chos Malal, Huiliches, Minas, Ñorquin, Loncopué, Pehuenches, Picunches, Zapala y Collón Curá.
Países como México, Perú, Honduras, Ecuador, Guatemala, Panamá incluyen en sus constituciones una serie de restricciones para la compra de tierras de frontera por parte de capitales extranjeros. En tanto, Brasil, Chile y Paraguay tienen legislación proteccionista de sus fronteras.
El periodista Andrés Klipphan, coautor con Daniel Enz del libro “Tierras S.A. Crónicas de un país rematado”, señaló que la legislación en México es “tajante” ya que sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho a adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“En el país azteca, cuando un extranjero quiere adquirir tierras debe pedir permiso a la Cancillería y ajustarse a las leyes mexicanas. Y algo más, tampoco puede comprar en la zona de seguridad o de frontera”, dijo.
Dutto puntualizó que este tema no sólo debería ser analizado por el Congreso de la Nación sino también por los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia.
Proyecto en Neuquén
“Vamos a insistir con el tratamiento del proyecto”, enfatizó la diputada Soledad Martínez, quien a comienzos de junio de 2009 presentó un proyecto de ley que con el objetivo de proteger la explotación de los recursos naturales de la provincia “restringe el proceso de adquisición de tierras en zonas de frontera a personas y sociedades extranjeras”. La iniciativa dispone de un marco legal que limita el acceso a inmuebles rurales y evita la concentración de unidades económicas.
El proyecto –que además de no haber sido tratado en la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, ni siquiera recibió crítica alguna por parte de los legisladores- limita la adjudicación de tierras fiscales a sociedades que no realicen explotación agraria, a personas que se dediquen a transacciones de inmuebles como actividad habitual, y a individuos o sociedades que exploten otras unidades económicas en la zona.
Al mismo tiempo define las pautas que deben reunir para acceder al dominio de tierras rurales. También obliga a las sociedades extranjeras y anónimas argentinas con participación extranjera que operen dentro de la provincia a transformar sus acciones en nominativas, a partir de la creación de un registro especial.
“Apuntamos a preservar la franja que comprende los 150 kilómetros de frontera en zona de cordillera y otros 50 kilómetro de costa, fundamentado en que ambas áreas concentran recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce de gran importancia para la provincia”, describió Martínez.
La iniciativa para la provincia incluye “un sistema de restricciones como el que preveía el decreto nacional que finalmente quedó derogado a mediados del año pasado que establecía la obligación de informar el programa de inversiones en determinado plazo el cual no se podía extender o autorizar la transferencia. Es decir lo que debía ser la regla en todo el país nosotros lo aplicamos para lo que queda por fuera de la zona de seguridad de frontera en el resto de la provincia”, explicó la diputada.
Por otra parte, Martínez resaltó la falta de respuesta a los pedidos de informe enviados a la Dirección Provincial de Tierras de la provincia para recabar información de los mapas catastrales de toda la zona de seguridad de frontera. “Uno se entera de esta situación porque se encuentra con un cartel de ‘prohibido pasar’ o porque alguna comunidad originaria o de un determinado lugar advierte cada vez más restrictivas las posibilidades que tienen de acercarse sobre todo a la costa de los lagos o a las márgenes de los ríos”, explicó.
Desde los militares
Neuquén > Los periodistas Andrés Klipphan y Daniel Enz abordaron en el libro “Tierras S.A. Crónicas de un país rematado”, el tema de la compra de tierras en nuestro país por parte de magnates extranjeros. En el trabajo señalan que el proceso de extranjerización de tierras se inició hace, por lo menos, treinta años. “Los primeros registros de importantes extensiones de tierra que pasaron a manos extranjeras están ubicados en la etapa de la dictadura militar”, comentaron los autores. Allí también se indica que hasta septiembre de 2006, 40 millones y medio de hectáreas estaban en venta o en proceso de ser vendidas. “Según la Federación Agraria Argentina, aproximadamente el 10 por ciento del territorio nacional, alrededor de 270.000 kilómetros cuadrados, se encuentran en posesión de extranjeros”, señaló Klipphan.
La Mañana, Neuquén
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