La demanda, presentada por el senador Guido Girardi y Patricio Rodrigo, miembro de la agrupación “Consejo de Defensa de la Patagonia”, busca levantar acciones judiciales contra los responsables de las adulteraciones del estudio de evaluación de impacto ambiental original.
El senador PPD Guido Girardi, acompañado por Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, acudieron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para interponer una querella contra quienes resulten responsables, por “falsificación de instrumento público” del informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en relación al proyecto Hidroaysén.
La demanda contra la empresa, se origina a partir de una denuncia efectuada por el Sindicato de la Conaf de la región de Aysén, que afirma que su informe de evaluación y observaciones al proyecto de las represas, que en una primera instancia cuestionaba dicho emprendimiento –especialmente referido a la virtual inundación de 18 hectáreas de los Parques Nacionales Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins- fue modificado en el último momento en Santiago, con el objetivo de favorecer el trámite de evaluación medioambiental de las represas, y así lograr su rápida aprobación.
“Nuestros abogados nos han dicho que esto es grave, porque constituye un atentado contra la fe pública, que un organismo se desdiga de lo que ya había dicho o que altere un informe” afirmó Patricio Rodrigo, del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDF) en declaraciones a ADN Radio, agregando que “hay una intencionalidad política” para sacar adelante Hidroaysén.
Por su parte, el senador Girardi criticó aquellos proyectos que según él, “se hacen a espaldas de los chilenos”, y reiteró su molestia por la modificación al que fue sometido el informe original de la Conaf, apoyando las denuncias de los miembros del sindicato de la institución. Además, coincidió con Patricio Rodrigo, en cuanto a la existencia de presiones políticas en este hecho. “Y lo que no vamos a permitir es que los proyectos se hagan de manera fraudulenta, como la situación de Castilla y como Hidroaysén, violando la ley producto de presiones”, declaró ante la prensa.
En relación a esta situación, en declaraciones a ADN Radio, Patricio Rodrigo afirmó que “nosotros tenemos antecedentes que en esta última revisión (del informe) hubo pautas claras y orientadoras para que le allanaran el camino a este proyecto (…) que obviaran el sinnúmero de observaciones que eran muy duras”, acusando también las declaraciones favorables de los dos últimos ministros de Energía, Marcelo Tokman –gobierno de Michelle Bachelet- , y Ricardo Rainieri –gobierno de Sebastián Piñera-, respecto del proyecto.
Además, Rodrigo manifestó su molestia por la “publicidad gigantesca y millonaria” que está llevando adelante Hidroaysén a lo largo de todo el país, campaña que según él, es completamente engañosa, puesto que la empresa afirma que, de no construirse las represas, el país quedaría sin generación eléctrica, lo que no es efectivo, según Rodrigo. Añadió además que el país debe desarrollar en forma urgente “un marco regulatorio, tanto eléctrico como ambiental, que garantice transparencia, que vele por el bien común, y que pueda evitar estos proyecto negativos para el país”.
El Consejo de Defensa de la Patagonia anunció también que presentará, próximamente, una nueva querella en contra de Hidroaysén, justamente por publicidad engañosa por parte de la empresa.
HIDROAYSEN Y EL CONTROL DEL AGUA
Al hecho de la querella contra la empresa, se suma un reciente fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que consolidaría un control absoluto por parte de Hidroaysén sobre la cuenca del río Baker, al declarar prescritas las acciones interpuestas por diversas organizaciones para evitar que la empresa se adjudicara nuevos derechos de agua en dicho río, donde pretende construir parte de su proyecto.
Marcelo Castillo, abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, y quien presentó los requerimientos contra la empresa en 2009, afirmó que ésta busca consolidar su situación monopólica, donde ya son dueños del 97% de los derechos de agua. Al respecto, Castillo anunció que no descartan acudir a instancias internacionales para defender el derecho de acceso al vital elemento para los habitantes que viven en la zona del Baker, así como el de analizar nuevos recursos judiciales para frenar los proyectos hidroeléctricos de Hidroaysén.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
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