René Reyes
Ingeniero forestal. Estudiante de Doctorado en la Universidad de British Columbia, Canadá.
Ingeniero forestal. Estudiante de Doctorado en la Universidad de British Columbia, Canadá.
Cuando se discute sobre el tema energético analizando cada proyecto de manera individual, las cosas se vuelven confusas y es difícil formarse una opinión general. Porque claro, oponerse a una termoeléctrica a carbón instalada en medio de una ciudad, donde hay niños, ancianos, etc., es una posición evidente, ¿quién podría apoyar algo así? Pero cuando se analizan proyectos como Hidroaysén, una hidroeléctrica aparentemente limpia, o la extracción de carbón en una isla magallánica que pocos conocen, el juicio se hace mucho más complejo.
Para formarse una opinión certera es necesario analizar el panorama completo y formularse las preguntas adecuadas, ¿para quién es esta energía?, ¿quiénes necesitan esta energía barata, por la cual vamos a tener que destruir islas, ríos, bosques, etc.?
Al estudiar las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional de Energía uno se percata que básicamente quienes tienen esa necesidad son las industrias, y muy especialmente el sector minero (uno de los principales consumidores de electricidad). Es decir, la energía no es para el hervidor eléctrico de la Sra. Juanita, sino para abastecer los negocios (y negociados) del 5% de la población mundial que es dueña del 80% de la riqueza del planeta, entre ellas de las mineras que operan en Chile.
La minería privada en Chile genera al año más de 20 mil millones de dólares en utilidades, dejándole al fisco sólo 3 mil millones de dólares en impuestos y royalty. Es decir, estamos destruyendo nuestro medioambiente, nuestros ríos, fiordos, bosques, matando nuestra fauna terrestre y marina, con el afán de producir energía barata para “alimentar” a un sector que ha sido mezquino con nuestro país. Una especie de saqueo, algo conocido en nuestra historia.
Para formarse una opinión certera es necesario analizar el panorama completo y formularse las preguntas adecuadas, ¿para quién es esta energía?, ¿quiénes necesitan esta energía barata, por la cual vamos a tener que destruir islas, ríos, bosques, etc.?
Al estudiar las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional de Energía uno se percata que básicamente quienes tienen esa necesidad son las industrias, y muy especialmente el sector minero (uno de los principales consumidores de electricidad). Es decir, la energía no es para el hervidor eléctrico de la Sra. Juanita, sino para abastecer los negocios (y negociados) del 5% de la población mundial que es dueña del 80% de la riqueza del planeta, entre ellas de las mineras que operan en Chile.
La minería privada en Chile genera al año más de 20 mil millones de dólares en utilidades, dejándole al fisco sólo 3 mil millones de dólares en impuestos y royalty. Es decir, estamos destruyendo nuestro medioambiente, nuestros ríos, fiordos, bosques, matando nuestra fauna terrestre y marina, con el afán de producir energía barata para “alimentar” a un sector que ha sido mezquino con nuestro país. Una especie de saqueo, algo conocido en nuestra historia.
Durante los ’80 fue la privatización irregular de las empresas del Estado, muy bien documentado por María Olivia Monckeberg en el libro “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno”. Pues bien, ahora observamos otro saqueo, quizás no tan nuevo pero si más vistoso, el saqueo ecológico. Estrujar ecosistemas en función de la obtención de dinero, para seguir engordando los bolsillos obesos y codiciosos de quienes teniéndolo todo, esperan tener más. Esta política del saqueo ha sido una de las principales causas de la mala distribución del ingreso en nuestro país.
Por esto, no es correcto analizar el tema energético sin analizar también el tema minero y la mala distribución del ingreso. Finalmente todo está conectado, dejando en evidencia que en definitiva lo que tenemos frente a nuestros ojos es una falla completa del sistema. Un sistema, que como muchos economistas han ido reconociendo, especialmente después del 2008, se ha construido sobre falacias. El mercado regula todo, la famosa mano invisible, que en realidad no es más que la mano de los que acumulan el capital financiero. De los que gracias a ese poder han incidido en nuestros gobiernos, logrando royalties miserables, obteniendo autorizaciones ambientales, y una serie de otras cosas.
No necesitamos una mina a tajo abierto en Isla Riesco, ni tampoco termoeléctricas en Copiapó, Cobquecura, Puchuncaví, y tantos otros lugares, porque la minería privada tiene recursos más que suficientes para invertir en proyectos energéticos limpios, con energía solar, geotérmica, u otras, que no nos dejarán un pasivo ambiental que después tendremos que pagar nosotros (o nuestros hijos). Lo que necesitamos más bien es cobrar un royalty justo y mejorar la distribución del ingreso, porque esas sí son prioridades. Me gustaría ver a nuestros políticos en eso y no haciéndole la pega a las transnacionales que llevan décadas profitando de nosotros.
Manifiesto mi más profundo rechazo al chantaje energético que se está planteando en este momento, como si realmente necesitáramos estos proyectos para seguir usando nuestros hervidores o ampolletas. Y propongo exigir que las mineras privadas se autoabastezcan de energía, un 100% de la cual debería provenir de fuentes renovables producidas en el norte del país. No es inteligente seguir hipotecando nuestro futuro destruyendo los escasos ecosistemas prístinos que van quedando en el planeta, para ahorrarle dinero justamente a quienes lo están concentrando todo.
Por esto, no es correcto analizar el tema energético sin analizar también el tema minero y la mala distribución del ingreso. Finalmente todo está conectado, dejando en evidencia que en definitiva lo que tenemos frente a nuestros ojos es una falla completa del sistema. Un sistema, que como muchos economistas han ido reconociendo, especialmente después del 2008, se ha construido sobre falacias. El mercado regula todo, la famosa mano invisible, que en realidad no es más que la mano de los que acumulan el capital financiero. De los que gracias a ese poder han incidido en nuestros gobiernos, logrando royalties miserables, obteniendo autorizaciones ambientales, y una serie de otras cosas.
No necesitamos una mina a tajo abierto en Isla Riesco, ni tampoco termoeléctricas en Copiapó, Cobquecura, Puchuncaví, y tantos otros lugares, porque la minería privada tiene recursos más que suficientes para invertir en proyectos energéticos limpios, con energía solar, geotérmica, u otras, que no nos dejarán un pasivo ambiental que después tendremos que pagar nosotros (o nuestros hijos). Lo que necesitamos más bien es cobrar un royalty justo y mejorar la distribución del ingreso, porque esas sí son prioridades. Me gustaría ver a nuestros políticos en eso y no haciéndole la pega a las transnacionales que llevan décadas profitando de nosotros.
Manifiesto mi más profundo rechazo al chantaje energético que se está planteando en este momento, como si realmente necesitáramos estos proyectos para seguir usando nuestros hervidores o ampolletas. Y propongo exigir que las mineras privadas se autoabastezcan de energía, un 100% de la cual debería provenir de fuentes renovables producidas en el norte del país. No es inteligente seguir hipotecando nuestro futuro destruyendo los escasos ecosistemas prístinos que van quedando en el planeta, para ahorrarle dinero justamente a quienes lo están concentrando todo.
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