Países iberoamericanos deberán incorporar de forma más activa y propositiva a su agenda diplomática, la reivindicación y protección de este polo
DURANTE los dos últimos años, la comunidad internacional ha presenciado una serie de hechos de inocultable importancia e impacto alrededor de los polos. Territorios considerados hasta hace muy poco como escenarios emblemáticos para la cooperación internacional como la única opción –especialmente en función de la seguridad ambiental-, y símbolos de los más lúcidos esfuerzos intelectuales y políticos humanos por garantizar la paz internacional, sus geografías se han sumado a la indeseable lista de áreas con temas sensibles para la política mundial y fuentes de inestabilidad, tensión y eventual conflicto futuro. La renovación de los esfuerzos nacionalistas por reivindicar y ampliar posesiones y derechos árticos y antárticos, con su consiguiente cuestionamiento y resistencia, han ido acompañados de la promoción de iniciativas políticas para hacer presencia y obtener reconocimientos internacionales.
Las extraordinarias transformaciones políticas e institucionales que vendrán de la mano con los efectos del cambio climático sobre los hielos, deben centrar la atención de los gobiernos y ciudadanos del hemisferio americano, muy especialmente de los latinoamericanos, por las implicaciones económicas, ambientales y político-militares que traerá la convergencia de competencias, rivalidades y tensiones alrededor de cada polo, propiciadas en gran parte por actores externos a América Latina.
Debemos recordar que, al menos para la Antártida, Suramérica tiene intereses políticos y territoriales directos, y que Colombia, sin que los ciudadanos puedan dimensionar la trascendencia diplomática que ello implica, es también un país antártico desde diciembre de 1988, gracias a la Ley 67 de ese año que lo convirtió en “Adherente” al Tratado (aspiramos desde entonces a ser miembros “Consultivos”) y a la aplicación que de la “Teoría de la Defrontación” se hizo en su momento a Malpelo.
Frente al Ártico, debemos abrir el debate sobre la pertinencia de que los latinoamericanos, además de México, que se verá arrastrado a dicha controversia por ser miembro de la denominada “Comunidad de América del Norte”, tenemos voz y capacidad de incidir de manera efectiva sobre su futuro, a través de la OEA y no sólo con los pronunciamientos casi rituales en las comisiones y organismos especializados de la ONU. Los países que no son antárticos por su proximidad o proyección geográfica inmediata y cercana, inciden sobre su futuro, independientemente de los intereses latinoamericanos, africanos y de algunos países asiáticos y del Pacífico Sur. ¿Por qué no podemos, entonces, en aras de una necesaria simetría hemisférica y global, hacerlo para el Artico?
Noticias calientes provenientes del frío
A los variados expedientes de carácter territorial que han marcado las relaciones interamericanas, y en particular, a la reactivación de algunos de carácter fronterizo durante los últimos 25 años, debemos añadir ahora la amenaza a la estabilidad y seguridad hemisférica que han aportado las decisiones políticas de países como la Federación Rusa y el Reino Unido, en 2007, cada uno sobre los extremos del hemisferio.
Nos referimos, en primera instancia, a la ofensiva rusa sobre el Polo Norte, y a la decisión británica sobre las áreas adyacentes a sus cuestionadas posesiones territoriales en el Polo Sur. Y, en segunda instancia, también nos referimos a la decisión de la Unión Europea, en la aprobación del nuevo texto constitucional, de incluir a las Islas Malvinas como parte de la territorialidad ultramarina de esta asociación, al lado de otros territorios antárticos del Reino Unido.
Con gran sorpresa por parte de la comunidad internacional, y muy especialmente para los países vecinos del Artico, Rusia proclamó sus derechos sobre el fondo marino mediante una expedición submarina que plantó su bandera en un acto más propio de los siglos imperiales e imperialistas que de un siglo XXI que se requiere esencialmente cooperativo y multilateralista. Este acto político cargado de imaginarios imperiales ha sido acompañado de otro debate desprendido de los efectos previsibles del llamado “cambio climático” sobre el Artico: el descongelamiento del mar y la apertura de rutas de comunicaciones marítimas, aptas para el comercio internacional, que transformarían las relaciones económicas y las valoraciones geoestratégicas de los principales actores económicos y políticos del hemisferio norte, con inocultables efectos para el resto del mundo, especialmente para aquellos territorios articulados al comercio internacional Este-Oeste que se beneficiaban del congelamiento profundo y estructural del Ártico.
¿Ha sido América Latina consciente de sus intereses sobre la Antártida, la última frontera planetaria? A pesar de proyectarse sobre el tradicionalmente denominado Polo Sur, pocos países de la región ven en el expediente antártico una oportunidad para hacer valer su influencia internacional en nuestros días. De hecho, frente a las nuevas iniciativas británicas para apropiarse de más territorio, las voces de Argentina y Chile quedaron aisladas en el concierto latinoamericano.
En las pasadas Cumbres Iberoamericanas celebradas en Santiago de Chile (noviembre de 2007) y San Salvador (octubre de 2008), cuando muchos esperábamos declaraciones o comunicados que enfrentaran directamente el asunto, nos encontramos con textos que se vienen repitiendo, de forma inalterada, desde años atrás. Este vacío producto del formalismo puede resultar nocivo para los intereses suramericanos.
¿Cuál había sido esa decisión británica? De forma similar que Rusia en el Polo Norte, el Reino Unido decidió extender sus pretensiones territoriales a partir de sus cuestionadas posesiones en las Islas Malvinas, afectando territorios considerados como propios por Chile y Argentina.
El tema antártico también ha adquirido una notoriedad preocupante, y no solamente por los efectos del calentamiento global; las primeras tensiones de la postguerra fría se evidenciaron en las negociaciones por prolongar la moratoria en materia de repartición, logrando finalmente que se firmara un Protocolo al Tratado Antártico que “congelara” las pretensiones nacionalistas sobre el territorio. La iniciativa unilateral del Reino Unido amenaza la supervivencia tanto del Protocolo como del Tratado.
Las tensiones, controversias y eventuales conflictos que se desprenden de cada acción unilateral, tienen características diferentes en las relaciones alrededor del Artico y en la Antártida. Si bien los intereses económicos y las consideraciones geoestratégicas tienen fundamentos comunes, los actores nacionales involucrados, las tradiciones históricas nacionales en la diplomacia polar y el número de los interesados es diferente. Cuando hacemos una valoración hemisférica, descubrimos con preocupación que al amplio y heterogéneo abanico de problemáticas que caracterizan en la actualidad las relaciones interamericanas, debemos sumarle el “expediente polar” porque, sin lugar a dudas, involucrará a varios países del hemisferio en controversias y conflictos que terminarán comprometiendo la seguridad regional y global.
Una vez más, aquí, la carrera estatal nacional y la voracidad corporativa transnacional por diferentes clases de recursos, siendo los más determinantes los energéticos (gas y petróleo), están marcando el camino para el escalamiento de tensiones y conflictos con impactos absolutamente planetarios.
Adicionalmente, las conclusiones de las organizaciones ambientalistas y otros organismos especializados sobre el complejo tema del calentamiento global, anuncian alteraciones climáticas y controversias territoriales y marítimas gracias al deshielo desigual pero progresivamente registrado tanto en el Artico como en la Antártida, de manera muy lenta pero consistente.
En suma, las señales no son tranquilizadoras. La nueva dinámica polar exigirá una posición explícita y visible por parte de los países latinoamericanos en favor de la defensa de sus intereses regionales, apoyando los derechos que, en primer lugar, afecten y comprometan los de aquellos países más directamente impactados por esas decisiones, en términos de proximidad geográfica; pero, quizás lo más importante, y en segundo lugar, también desde la perspectiva de comunidad regional, particularmente la suramericana, que deberá incorporar de forma más activa y propositiva a su agenda diplomática, la reivindicación y protección de la Antártida.
Los nuevos ingredientes
Durante los días 28 y 29 de mayo pasado, y como respuesta a las preocupaciones crecientes por estas controversias, se celebró la “Conferencia del Océano Artico”, en Ilulissat, Groenlandia, a la que asistieron ministros de los gobiernos involucrados directamente en las disputas. En la “Declaración de Ilulissat”, los cinco Estados costeros reconocieron la importancia de las disposiciones internacionales contenidas en la Ley del Mar, particularmente en lo atinente a límites, reclamaciones y soberanía de aguas y fondos marinos; en consecuencia, no vieron la necesidad de promover un nuevo régimen jurídico internacional para administrar la región. No obstante, existe poca credibilidad sobre los compromisos anunciados, a pesar de su convocatoria a la cooperación con la Organización Marítima Internacional, el Consejo del Artico y el Consejo Euro-Artico de Barents.
Por su parte, la Unión Europea comenzó a dar sus primeros pasos para el diseño de una política comunitaria sobre el Artico, encontrando en su camino la perspectiva de incorporar, en un futuro como nuevo Estado independiente, a Groenlandia, inspirada en su decisión de defender su acceso a las fuentes de energía y otros recursos de la región. Durante los días 9 y 10 de septiembre había participado en la conferencia “El Artico: nuestra preocupación común”, organizada por el Consejo Nórdico de Ministros en Ilulissat. El 9 de octubre siguiente, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la “Gobernanza del Artico”, y los días 9 y 10 de noviembre, la Presidencia francesa de la Unión Europea organizó la Conferencia Internacional “El Artico, un observatorio para afrontar los desafíos de los cambios medioambientales”, en compañía del Consejo de la UE y del Principado de Mónaco. Finalmente, la Comisión Europea adoptó el 20 de noviembre, en Bruselas, una comunicación sobre la política de la UE para el Artico, como parte de la aplicación de su política marítima integrada (comunitaria) en su dimensión septentrional. En suma, tendremos nuevos actores organizados y agendas específicas para definir las acciones y apropiaciones del Polo Norte.
Con el fin de contribuir a visualizar el impacto de los cambios geográficos sobre la transformación de las fronteras conocidas, las comunicaciones marítimas y las relaciones internacionales a su alrededor, un equipo de científicos de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, publicó en agosto pasado el primer mapa detallado con los puntos críticos de reclamaciones y las proyecciones del deshielo, y en consecuencia, llamó la atención sobre la urgencia de “poner orden” al debate político, económico, ambiental y legal que se está desarrollando. La conclusión no es difícil de vislumbrar: el Artico, de forma progresiva, se ha convertido en la penúltima frontera en la carrera por su repartición.
Más recientemente, el 25 de noviembre pasado, registramos un evento político que traerá consecuencias para las relaciones alrededor del Artico: la reforma del estatuto de autonomía de Groenlandia, territorio danés desde hace 300 años, aproximadamente, con 57 mil habitantes (50 mil inuit y 7 mil daneses); el 75.54% de los habitantes convocados para votar (39 mil), aprobó su ampliación; el siguiente paso en medio del entusiasmo post-electoral sería constituirse en una entidad independiente; si bien su principal debilidad como país sería de carácter presupuestal, no creemos que resulte un obstáculo definitivo frente a su decisivo protagonismo en las nuevas relaciones económicas y políticas árticas. De momento, la eventual estabilidad regional apuntaría más a conservar la situación actual con una autonomía ampliada. En caso de ser ratificado por los parlamentos respectivos, el nuevo estatuto se aplicaría a partir del 21 de junio de 2009.
A diferencia de las contradicciones renacientes en el Polo Norte, concentrada en pocos países, las tradicionales diferencias sobre el Polo Sur reúnen a un mayor número de naciones, cuentan con un instrumento para administrar dichas diferencias y tiene el respaldo de los demás miembros de la comunidad internacional. Es decir, se ha constituido en un escenario privilegiado de las contradicciones Norte-Sur en el sistema internacional contemporáneo e involucra más intereses, problemáticas y actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, públicos y privados. De hecho, debía ser uno de los temas con mayor visibilidad en la agenda del Movimiento de Países No Alineados y otras organizaciones políticas regionales.
Las controversias sobre la Antártida afectan áreas de interés geoestratégico como el Atlántico Sur. Cuando visualizamos la convergencia de intereses y posibilidades a su alrededor, descubrimos que la región se constituye en uno de los componentes deseables de cualquier agenda de diálogo y cooperación entre América del Sur y África Subsahariana frente a actores nacionales y corporaciones provenientes del hemisferio norte: deberíamos apropiarnos, con mayor determinación, de la convicción que el futuro con sentido de humanidad para la Antártida pasa inevitablemente por la participación de América del Sur. ¡Cuántos asuntos trascendentales para unirnos, cuántos obstáculos accidentales para ello!
Un caribeño en la Antártida
En el mundo se encuentran registrados cerca de 500 centros de estudios, investigación, universidades y entidades gubernamentales vinculadas con temas árticos y antárticos. En nuestro vecindario, la creación más reciente corrió por cuenta del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, la denominada “Comisión Presidencial Antártica”, anunciada en enero de este año, y encargada de asesorar al Ejecutivo sobre la materia.
Al mes siguiente lanzó la “Misión Antártida”; gracias al acuerdo comercial firmado con Uruguay por 300 millones de dólares (sobre industria automotriz, fabricación de blindados en Uruguay y apoyo a la presencia venezolana en la Antártida), se desplazó la primera expedición a ese continente, integrada por 15 civiles y militares. ¿Debemos creer que el presidente venezolano es sensible a los efectos del cambio climático en la Antártida y quiere contribuir con su inversión de 1,2 millones de bolívares fuertes a la búsqueda de soluciones a la amenazada sostenibilidad ambiental del mundo? Y Colombia, ¿en qué va, después 20 años, en materia de intereses antárticos?
Por Juan Carlos Eastman Arango
Asesor e investigador del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, Universidad Militar Nueva Granada. Licenciado en Filosofía y Letras con Especialización en Historia. Especialista ‘Honoris Causa’ en Geopolítica. Estudios de Doctorado en Historia de América. Catedrático Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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