Hillary Clinton ha reavivado la polémica en torno a la soberanía de las islas Falkland al ofrecerse a mediar en la disputa entre Argentina y el Reino Unido. El Telegraph respondió con un editorial muy británico: no hay ninguna disputa que resolver; la cuestión quedó zanjada en 1982 durante el mandato de Thatcher, cuando el ejército inglés repelió con éxito la invasión de la dictadura argentina.
Buenos Aires está lanzando una ofensiva diplomática y quiere que el Comité de Descolonización de la ONU arbitre el conflicto. El Gobierno argentino sostiene que las islas fueron inicialmente administradas por el virreinato de Río de la Plata, pasando a ser luego argentinas, y que los ingleses usurparon la soberanía mediante conquista y expulsión del asentamiento nativo. Murray Rothbard, en un anglófobo artículo sobre la guerra de las Malvinas, respalda las reivindicaciones históricas argentinas.
La versión inglesa es distinta, obviamente. Una expedición británica reclamó la isla Trinidad y otras colindantes en 1765, un año antes de que España adquiriera la colonia francesa de Port St. Louis (también en el archipiélago) y la pusiera bajo la administración del virreinato del Río de la Plata. El asentamiento británico fue desmantelado en 1774, pero Londres no renunció a sus derechos. La colonia española fue abandonada en 1811, dejando las islas sin habitantes ni gobierno. En 1829, Argentina (independiente en 1816) reclamó el territorio, derivando sus derechos del virreinato. Londres protestó y, tras una escaramuza entre Argentina y Estados Unidos a propósito de unos derechos pesqueros, regresó en 1833 para reivindicar su soberanía. Los ingleses permitieron quedarse a los colonos del pequeño asentamiento argentino, nombrando gobernador a uno de ellos (de origen irlandés).
No está claro que la historia vaya a cerrar el debate. En cualquier caso tiene poco de liberal remontarse a reivindicaciones estatales de hace más de dos siglos para determinar la soberanía de un pueblo actual, como si fueran los Estados y no los individuos los que tuvieran derechos (o, más aún, los Estados los heredaran de aquellos imperios de antaño dedicados a la conquista). Lo que cuenta es la opinión de las personas que hoy habitan las islas, muchas de las cuales son descendientes de los primeros colonos, y así lo corrobora la Resolución 1514 de la ONU sobre la descolonización de territorios.
Ludwig von Mises, en el apartado “El derecho a la autodeterminación” de su libro Liberalism, habla del “derecho de auto-determinación de los habitantes de cualquier territorio lo suficientemente grande como para formar una unidad administrativa independiente”. Según Mises, debe respetarse la voluntad de los habitantes de un pueblo, un distrito entero o una serie de distritos adyacentes que expresen en un plebiscito libre su deseo de formar un Estado independiente o asociarse a otro Estado.
El Reino Unido dice defender la voluntad de los colonos, muchos de los cuales son descendientes de la primera generación, y protegerlos de imposiciones externas. Londres está dispuesto a conceder la independencia a los isleños tan pronto como la pidan. Pero la inmensa mayoría ellos quieren seguir siendo británicos. En este sentido, ¿no estaría justificada una intervención militar británica si Argentina intentara tomar las Falklands por la fuerza, como intentó en 1982?
Murray Rothbard se opuso entonces a la intervención inglesa con argumentos poco persuasivos. Se preguntaba por qué los contribuyentes británicos tenían que sufragar la defensa de una isla a 8.000 millas de distancia. Pero lo mismo puede decirse de cualquier otra parte del territorio nacional: ¿por qué tienen los contribuyentes que sufragar la protección de un pueblo cualquiera del país? ¿Era Rothbard contrario a toda guerra defensiva o sólo justificaba aquellas que ponían en peligro a una parte sustancial de la población, dejando a las minorías a merced de los agresores? ¿Es la “distancia” relevante a la hora de considerar la justicia de una guerra?
El argumento de Rothbard, que secunda Raimondo y casi todo el liberalismo anti-guerra, tiene otra falla que raramente se admite: el Estado monopoliza la defensa nacional; esa monopolización es ilegítima desde un punto de vista liberal radical, pero mientras usurpe recursos a los ciudadanos y no les permita la entrada en este mercado no puede argüirse que la inacción absoluta del Estado reproduce el comportamiento de una sociedad hipotéticamente libre. En un escenario anarcocapitalista las agencias de protección podrían emprender acciones militares defensivas o humanitarias en tanto sus clientes estuvieran dispuestos a pagar por ello (la internalización de los costes, entre otras razones, hace suponer que la opción bélica tendería a ser poco atractiva). El hecho de que el Estado hoy secuestre esta función no implica que luego deba decantarse sin excepción por la pasividad. Si el Estado monopoliza la sanidad, ¿es preferible que sea “pasivo” y se niegue a tratar a los pacientes?
Otra cuestión es que a nivel pragmático (considerando los costes humanos y materiales, los riesgos, las consecuencias imprevistas, etc.) una guerra aparentemente justa sobre el papel no esté, a la postre, justificada.
La situación de las Falklands, por último, guarda cierto paralelismo con Gibraltar, donde el 98.97% de los llanitos quiere permanecer bajo jurisdicción británica. Como en las islas, no corresponde a España o al Reino Unido decidir sobre el futuro del peñón, sino a los gibraltareños que allí residen.
16/03/2010 - Albert Esplugas Boter
Instituto Juan de Mariana
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