Patricio Hales
Diputado del PPD
Cuando en el rompehielos “Viel”, de la Armada de Chile, me adentraba en el territorio antártico chileno, ví la primera ballena del Santuario que protegimos por ley.
Entendí y sentí su representación simbólica con la carga de identidad nacional chilena. La ballena giró en curva alrededor de nuestro barco desplazándose como una impactante demostración de soberanía en la Antártica. Estaba protegida por el Estado de Chile. Ahora, luego de 25 años de moratoria de muertes de ballenas, la Cancillería decidió autorizar la caza comercial de ballenas y legitimar las operaciones de la flota japonesa en aguas del Océano Austral.
Es otra de las desprolijidades que amenazan la continuidad de las políticas de Estado. Recién fue Miguel Otero y ahora esta propuesta presentada e impulsada por el presidente y el vice presidente de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), el comisionado chileno, Cristián Maquieira y el de Antigua y Barbuda, Anthony Liverpool, a la reunión de Marruecos del 21 al 25 de Junio próximos.
Nadie pensaba que la anacrónica caza y comercio de ballenas podría volver a ser realidad en los océanos del planeta. Un fantasma del siglo XVIII ha vuelto a proyectar su sombra sobre la diplomacia chilena. El embajador chileno propone reabrir las operaciones de caza comercial de ballenas, legitimando que Japón, que ya usó una cuestionada “caza científica”, pueda expandir sus capturas comerciales.
La protección ballenera en Chile corresponde a su independencia política por sus derechos como Estado ribereño. En Chile representa una política de Estado.
En 1947, con la conservación de las poblaciones de ballenas, Chile posibilitó la Declaración Presidencial basada en la Tesis de las 200 millas marinas -promovida en conjunto con Perú y Ecuador que se convertiría en el más grande aporte de la diplomacia Chilena al Derecho Marítimo Internacional, reconocido treinta años más tarde como Zona Económica Exclusiva por la Convención de las Naciones Unidas Sobre Océanos y el Derecho del Mar.
Frei apoyó e impulsó en la CBI la adopción del establecimiento del Santuario Ballenero Austral, aprobado por la Comisión Ballenera Internacional en 1994. Y en 2008 con la Presidenta Bachelet, la Ley de Santuario de Cetáceos emerge como uno de los mayores logros ambientales y ejemplo de participación ciudadana de Chile para la conservación de las poblaciones de ballenas y sus ecosistemas.
Hoy, de modo impresentable, el embajador Maquieira propone a la Comisión Ballenera Internacional, la entrega de cuotas de captura comercial de ballenas en aguas antárticas, atropellando el Santuario de Ballenas reconocido por Chile y la CBI y donde las capturas de cetáceos se encuentran prohibidas. Arriesga un área en las que Chile, y países como Argentina, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda y Noruega, mantiene reclamos territoriales “congelados” por el Tratado Antártico.
Australia en cambio presentó una demanda ante la Corte de La Haya contra la “caza científica” de ballenas que realiza Japón en el Océano y, a diferencia de nuestra Cancillería, a favor de la conservación de los cetáceos, y actúa en coherencia con su reclamación de soberanía en aguas de la Antártica.
Resulta inaceptable la propuesta de un representante de la Cancillería que sea contraria a la política de Estado chileno, la política exterior del país en materia de alta mar y debilite nuestra reclamación antártica. El gobierno chileno debe oponerse a la propuesta del actual presidente de la CBI y apoyar activamente la demanda en defensa de las ballenas de los Océanos Australes interpuesta por Australia en La Haya.
El Mostrador
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